Tras un ciclo laberíntico de votaciones y vetos ejecutivos, el 2 de octubre de 2025 se aprobó la “Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente” en medio de la tercera Marcha Federal Universitaria. El Poder Ejecutivo intentó vetar nuevamente el proyecto, pero tanto la Cámara de Diputados como el Senado lo rechazaron. Lo que en un principio se celebró como una victoria institucional, hoy permanece en una situación de incertidumbre insólita.
Esto se debe a que, en un movimiento sin antecedentes en la historia de la democracia argentina, el Gobierno Nacional promulgó la ley por decreto pero condicionó su aplicación efectiva. En la práctica, se trata de una tramoya burocrática que elude la obligación de cumplir con lo establecido por la ley. El resultado es una burla a las instituciones jurídicas y un proceso legislativo que queda reducido a la nada.
Ante esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) judicializó el conflicto. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, organismo competente para dictaminar en el caso, terminó dándole la razón al CIN y lanzó una medida cautelar para obligar al Gobierno cumplir con la ley. Como era previsible, el Ejecutivo volvió a apelar y la decisión quedó en manos de la Corte Suprema, sin fecha estimada para el fallo definitivo.
Sin embargo, el CIN sostiene que la espera no debería ser excusa para el incumplimiento. El argumento se basa en el artículo 258 del Código Civil y Comercial, que establece que cuando una sentencia “fuese confirmatoria de la dictada en primera instancia, concedido el recurso, el apelado podrá solicitar la ejecución de aquélla, dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera revocado por la Corte Suprema”. En otras palabras, la medida cautelar dictada por la Cámara tiene vigencia ahora, independientemente de lo que la Corte Suprema resuelva en el futuro. La ley, según este razonamiento, debería cumplirse ya.
En este sentido, algunos de quienes se oponen a la postura del Gobierno afirman que el incumplimiento de un fallo judicial podría derivar, en el futuro, en cargos penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Darío Capelli, docente universitario y delegado de FEDUBA, reveló en una entrevista en Radio Con Vos que el Gobierno no solo apeló la medida cautelar, sino que además intentó recusar al juez a cargo del caso, maniobra que fue rechazada en tres oportunidades.
En ese mismo reportaje, Capelli describió que desde la asunción del Gobierno los salarios docentes perdieron el 35% de su poder adquisitivo. Para recomponer ese deterioro, continua. se necesitaría un aumento mínimo del 51%. La propuesta que el Ejecutivo envió recientemente al Congreso contempla apenas un 12%. A eso se suma que hace dos años el Gobierno no convoca a paritarias. La alternativa que ofrece el Poder Ejecutivo, concluye, no está ni de cerca para saldar el daño acumulado.
