Según Antonio Laje, Director Ejecutivo de la Fundación Faro, la filosofía libertaria en materia universitaria parte de la premisa moral de que es injusto obligar a quien no asiste a la universidad a financiar los estudios de otro, especialmente cuando una porción significativa de quienes ingresan no llega a graduarse o se dedican solamente a hacer política. Desde esta perspectiva, el financiamiento universitario obligatorio pasa a ser una práctica coercitiva. 

Es desde ese marco filosófico, en el cual el equilibrio fiscal ocupa un lugar central, que el Gobierno Nacional ha rechazado la aplicación efectiva de la “Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”, aprobada el 2 de octubre de 2025 tras un extenso proceso legislativo que incluyó votaciones, vetos y contra-vetos. Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores rechazaron finalmente el intentó del Ejecutivo para bloquearlo. Sin embargo, el Gobierno, en una jugada sin precedentes en la historia de la democracia argentina, promulgó la ley mediante el Decreto 759/2025 pero condicionó su aplicación efectiva hasta que el Congreso determine de donde saldrán los fondos. Tras la judicialización de la cuestión por parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la resolución final permanece trabada a la espera del dictamen de la Corte Suprema. 


Por otro lado, según fuentes oficiales, el Presupuesto 2026 aprobado a fines del año pasado establece que en estos casos las fuentes de financiamiento deben ser claramente explicitadas por el Congreso, cosa que no ha sucedido.

“En ningún momento se previó donde obtener esas partidas. De manera posterior se trató el Presupuesto 2026 y quienes impulsaron esta ley podrían haber dicho de dónde tenían que salir las partidas y tampoco lo hicieron. Frente a esta situación y al agotamiento de los plazos, estamos presentando el recurso hasta que se pueda definir la forma de financiamiento”, concluyeron desde el Ejecutivo.

Joaquín Iglesias, estudiante de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ilustró este punto en un debate organizado por La Nación+ apelando a la ineficiencia del sistema universitario actual. Iglesias sostuvo que antes de aplicar la ley es necesario saber con precisión en qué se utilizan los fondos, y aportó como evidencia que esa información no se encuentra detallada en los portales oficiales.

El propio Presidente de la Nación ha sido explícito al respecto. Otorgar el aumento a las universidades sin las condiciones exigidas implicaría ceder a la vieja política y a una forma de hacer las cosas que “no va más”, ignorando las restricciones presupuestarias actuales. El discurso oficial insiste en que el financiamiento universitario cómo viene siendo responde a una lógica de “curro”, manejado por y en beneficio de unos pocos, y que su gestión vino justamente a terminar con esa dinámica.

En el centro de la disputa se encuentra también un desacuerdo fundamental entre ambas partes. El Gobierno sostiene que la auditoría de los fondos universitarios debe ser llevada adelante por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), organismo dependiente del Poder Ejecutivo. Las universidades, en cambio, rechazan esto y defienden que la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Congreso, es el órgano correspondiente, argumentando que la intervención del Ejecutivo violaría la autonomía universitaria constitucionalmente garantizada.